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viernes, 4 de noviembre de 2011

Presupuesto de la Nación de Chile 2012: Un proyecto sobre bases irreales


El presupuesto 2012 se presentó en un momento en que se producía una notoria desaceleración de la economía chilena, consecuencia ante todo de fenómenos externos, y un agudizamiento de las demandas sociales, particularmente en el terreno de la educación.  El proyecto del Ejecutivo no tuvo debidamente en cuenta ninguna de estas dos realidades.  La primera impacta en los ingresos fiscales que serán inferiores a los supuestos, debido a la caída de ellos a causa del menor de actividad económica.  Las demandas sociales si se atienden adecuadamente conducen a un gasto superior, el que también debería crecer si se adoptasen medidas fiscales anticíclicas, como ya se comenzaron a implementar en algunos países de la región.  El esquema fiscal anunciado –que tampoco en  los hechos se está cumpliendo rigurosamente- se inspira en conceptos de “austeridad” fiscal negativos de aplicar en la actual coyuntura.  Estas concepciones, a nivel global, acentúan el deterioro económico que se está viviendo.
La exposición sobre el estado de la hacienda pública,  efectuada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se hizo solo mencionando en general la delicada situación de la economía mundial con impactos ya muy claros en la nacional.  Se limitó a decir que “será complejo” cumplir las metas del presente año y las de 2012, “si la situación externa se deteriora”.  Sin embargo, insistió en que “la proyección (de crecimiento) de 2011 está en torno al 6,5% y para 2012 nosotros trabajamos con una proyección de 5%”.  La realidad actual cuestiona fuertemente estas estimaciones.  Al momento de efectuar la exposición las previsiones sobre el crecimiento de la economía chilena en 2012 eran por lo general inferiores, incluyendo la proyección promedio entregada por el Banco Central, que dejó constancia además que los riesgos eran a la baja.
El conocimiento del Imacec de agosto, pocos días después de la exposición, confirmó que el proceso de desaceleración ya se inició, lo cual no lo consideró la exposición de Larraín.  En los dos primeros meses del tercer trimestre su expansión, con relación a los mismos meses del año anterior, fue de únicamente 4,3%, varias décimas por debajo de la estimación de incremento de la actividad en 2012.  La economía se está moviendo bajo su capacidad de crecimiento potencial.  No se cumple claramente con la proyección de crecimiento efectuado por Piñera para su período de gobierno, de un incremento  de 6% promedio.  Ni siquiera se cumple en las optimistas estimaciones entregadas por la Dirección de Presupuestos a laComisión Especial Mixta de Presupuestos, que  proyecta un incremento de 5,25% hasta el año 2015.  Estimación también realizada sin considerar adecuadamente la dependencia del país a factores externos y que el mundo se ve colapsado por una larga crisis financiera, que afecta los niveles de actividad económica.
A nivel mundial, los indicadores adelantados de septiembre de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, constituidos por un conjunto de estadísticas de cada país que proyectan el curso de esa economía en un horizonte de seis meses, o sea durante 2012, elaborados con datos de agosto, concluyó que al comenzar el próximo año las economías avanzadas se frenarán bruscamente, siendoAlemania entre las mayores de ellas la que experimentará un retroceso más grande.  Al mismo tiempo, constató que las grandes economías emergentes no experimentarán una expansión tan elevada como hasta ahora, siendo Rusia la que experimentará el mayor impacto negativo.  ¿Puede esta realidad dejarse al margen del análisis presupuestario?
Para el analista jefe de Larraín Vial, Leonardo Suarez, “las proyecciones del ministerio de Hacienda, son coherentes con un escenario sin crisis (…)” (10/10/11).  Pero la realidad es la existencia en una crisis en pleno desarrollo, que necesariamente conducirá a una tasa de crecimiento en Chile pronunciadamente a la baja.
Si el crecimiento económico es inferior al previsto no se cumplirá tampoco con los ingresos fiscales estimados y no se sostiene garantizar beneficios sociales vía crecimiento económico, como lo ha afirmado el ejecutivo hasta ahora reiteradamente.   En esas circunstancias el gasto crecerá más que el producto, lo cual es absolutamente diferente al criterio de política preconizada hasta hace poco –y que ya debieron dejar de lado- que sería inferior al incremento del PIB.  Larraín debió reconocerlo.  “Si el escenario externo es peor que el que estamos planteando –señaló-, y ese riesgo existe por eso digo que el riesgo de la proyección es a la baja, este presupuesto, con crecimiento de gasto de 5% va a  ser más expansivo que el crecimiento efectivo del PIB”.  Pero ello se produciría por la caída más que probable en el nivel de crecimiento esperado y no por el convencimiento de la necesidad de aplicar una política fiscal anticíclica.
Esta actitud de limitar el crecimiento del gasto se manifiesta también en la subejecución del presupuesto 2011, que hasta agosto –cuando ya habían transcurrido las dos terceras partes del año- era solo de 57,1%.  La política fiscal necesaria es otra, no de austeridad, las cuales afectan actualmente la recuperación mundial.  “El Estado –escribió el premio Nobel Joseph Stiglitz analizando como salir de la prolongada crisis que afecta a la economía global- es un actor protagonista en la financiación de los servicios que necesita la gente; por ejemplo la educación y la atención de la salud.  Y para restaurar la competitividad en Europa y EE.UU. los programas de educación y formación con fondos estatales serán fundamentales.  Pero a ambos lados del Atlántico se optó por la austeridad fiscal, con lo que prácticamente está garantizado que la transición de esas economías será lenta”.  (09/10/11).
En Chile, la dimensión de las demandas por la reforma educacional y también en el plano de la salud puede ser de enfrentarse adecuadamente un camino para abrir paso a transformaciones de fondo.  Pero, el gobierno Piñera –obligado a retroceder de sus formulaciones más extremas- sigue amarrado a una política fiscal que tiene su eje articulador en acotar el gasto público.  Paralelamente sigue privilegiando mantener elevados ahorros externos, que se restan a la economía nacional y no se utilizan para impulsar las transformaciones que el país requiere.
De otra parte, gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, lo cual exige transformaciones tributarias que deberían efectuarse con cargo a quienes se han beneficiado con la aplicación del modelo económico.  La Confech propuso –en la frustrada por la actitud del gobierno mesa de diálogo– dos ejes fundamentales en este sentido de financiamiento: impuestos más elevados a las personas de mayores recursos y la renacionalización del cobre.  Lo primero debería lograrse a través de establecer un gravamen a los patrimonios altos, es decir a las riquezas acumuladas, y también en base a transformar el impuesto a las utilidades de las empresas en un gravamen progresivo.  Lo segundo puede avanzarse en obtenerlo poniendo un tope a las ganancias excesivas obtenidas por las empresas privadas, lo cual llevaría a aplicar la “doctrina Allende”, que financió el proceso de nacionalización. Además, la organización estudiantil propuso reducir el gasto en Defensa.
En esta línea, de aumentar los ingresos permanentes, el Panorama Económico Regional de América Latinadel FMI en su informe dado a conocer en los primeros días de octubre –modificando sus discursos anteriores recientes-  planteó que “en los países con una presión tributaria relativamente baja (Chile,México, Perú), es necesario llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar los ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como los niveles aún elevados de desigualdad (…)” (06/10/11).  La exposición de la Hacienda Pública descartó introducir modificaciones tributarias, manteniendo incluso la rebaja del impuesto de primera categoría de 20% a 18,5%, como se estableció en la ley de reconstrucción, cuando se incrementó en tres puntos porcentuales.
Una estimación de crecimiento irreal empobrece aún más la discusión del presupuesto 2012 afectado ya por la mecánica como se realiza la discusión en que el Ejecutivo tiene la iniciativa absoluta no solo en materia de gastos sino también de ingresos, a pesar  que son estimaciones, necesariamente subjetivas.  El debate parte así viciado, al no considerar debidamente la realidad.  Larraín ha hablado de que se prepara un “plan de contingencia” de agravarse la situación que debería haber sido expuesto o, en caso contrario, intentar demostrar la validez de las irreales proyecciones que lo fundamentaron.
Para  justificar esta conducta Larraín se apoyó en una experiencia que al contrario demuestra que elementos básicos de la discusión deberían haber sido otros.  “El presupuesto que ingresó en 2008 a esteCongreso para 2009 –recordó- ingresó luego que Lehman Brothers colapsó e ingresó como un presupuesto muy distinto al que se terminó ejecutando”.  Efectivamente fue así.  Se discutió un presupuesto y se aplicó otro[1].  Es una experiencia a no repetir y que condujo en esa oportunidad a que las políticas anticíclicas se aplicasen tardíamente, con serias repercusiones para la economía nacional y la generalidad de la población.  El riesgo es ahora el mismo.
Larraín no habló como en esa ocasión que la economía chilena estaba “blindada”, habría sido demasiado grotesco cuando la experiencia demostró que no era así.  Pero hizo una formulación en el fondo parecida.  “(…)  Chile –sostuvo- está muy bien preparado para afrontar una situación compleja afuera (…) tenemos herramientas en el maletín de políticas económicas para responder”.
Así no se actúa cuando el fenómeno de desaceleración económica ya está en marcha.  “Este –dijo Larraín- no es un presupuesto para enfrentar una crisis porque no sabemos si vamos a tener una o no (…) por tanto, en forma responsable tenemos que trabajar en un escenario de desaceleración y no de crisis”.  En verdad, la crisis ya existe.  No es la quiebra de Lehman Brothers, pero sí la de una grave emergencia provocada a partir de las deudas soberanas existentes en la eurozona, que ha llevado a aplicar varios rescates, con el agravante que las políticas contractivas exigidas a esos países, tiene elevados costos sociales y no son garantía tampoco de reducir los déficit fiscales, por el contrario frecuentemente se agravan al producirse la llamada “trampa presupuestaria”.  A lo cual se suma la también complicada situación de la economía estadounidense.  Ya la sola existencia de un fuerte momento de decrecimiento exigía aplicar políticas anticíclicas, lo cual no se hizo.
La demora en actuar resulta aún más evidente cuando ya hay otros países de América Latina –también afectados por la desaceleración global- que han adoptado medidas o se preparan para hacerlo.  Brasil ya recortó su elevada tasa de interés, que al igual como lo hacia hace algunos meses el Banco Centralchileno, venía subiéndola ante el temor de presiones inflacionarias que no se dieron.  Por su parte, el gobierno peruano anunció medidas fiscales.  Su ministro de Finanzas, Luis Miguel Castillo, manifestó que se debe poner en marcha un paquete de estímulo fiscal por un monto equivalente al 0,5% del PIB (US$825 millones) y propuso al Congreso  efectuar un gasto fiscal adicional de 900 millones de nuevos soles a incorporar  al presupuesto del presente año, para ser utilizados durante 2011 y 2012, fundamentalmente en infraestructura pública, que tiene un claro impacto reactivador.  A su turno, el banco central mexicano en agosto ya adelantó un recorte de tasas antes de fin de año, en un país donde la tasa de inflación también se mantiene dentro del objetivo de su autoridad monetaria, que se ubica en ese país entre 2% y 4%, igual que lo establece el instituto emisor chileno.
Larraín coincidió con lo dicho por Piñera, poco antes de su exposición, que la crisis externa “ya se está reflejando en un parámetro clave para la economía chilena como es el precio del cobre”.  “En el corto plazo indudablemente –dijo- los mercados están influidos por la situación del ciclo económico (…) y su posible efecto en desacelerar las economías en desarrollo y en particular a China (…)”, país clave para las exportaciones chilenas de commodities.   Pero, solo lo constató, sin profundizar en sus múltiples consecuencias para la economía, incidiendo poderosamente en los ingresos fiscales y en el resultado presupuestario si se tiene en cuenta la   ley de responsabilidad fiscal.  Cuando el ministro de Hacienda efectuó su exposición la cotización internacional del metal rojo marcaba US$3,07 la libra.  El presupuesto 2012 se confeccionó con una estimación promedio para 2012 de US$3,70.  Su descenso ya lo aproximó al nivel del indicador de tendencia (US$3,02).  Niveles tan bajos no se registraban desde noviembre de 2009.  En 2010 el promedio anual fue de US$3,418 la libra y en enero-agosto de 2011 ascendió a US$4,256 la libra, nivel sin precedentes.
Un descenso tan brusco no se daba desde 2008, cuando influyó la recesión global y el uso dado por China de sus reservas cupríferas, que le condujo a reducir bruscamente sus adquisiciones en los mercados internacionales.  El mayor centro de estudios sobre el cobre,  CRU, considera que la caída registrada es consecuencia en lo fundamental de la inestabilidad financiera.  Llegó a este valor –expresó en su documento que formuló esta conclusión- “por el miedo y no por los fundamentos”.  Agregando que China va a demandar también metal rojo para “reconstruir su inventario”.  Las ventas efectuadas por Codelco enEuropa a expresarse en los pagos a recibirse en 2012 ya tuvieron un premio menor, que es efectuado sobre la cotización registrada en la Bolsa de Metales de Londres para asegurar un suministro de mayor calidad y por una empresa, como la estatal chilena, que cumple normalmente con las fechas de entrega concordadas.  En cambio, según informó el presidente de Codelco, Diego Hernández, “los clientes (para 2012) –dijo- están pidiendo los mismos volúmenes de este año” (06/10/11), o sea no están reduciendo la demanda.
Supuestos macroeconómicos de la exposición
(Fuente:  Ministerio de Hacienda.  Estimaciones del año respectivo)
2011201220112012
PIB (tasa de variación)6,15,0Tipo de cambio promedio ($/US$)500472
Demanda interna (tasas de variación)7,75,5Precio del cobre promedio (US$/libra)3,243,70
IPC diciembre a diciembre3,22,9Precio molibdeno promedio (US$/libra)20,517,7
IPC promedio anual3,32,8

La estimación de tipo de cambio promedio tampoco reflejó la situación registrada al momento de la exposición, cuando la paridad en el país sobrepasó los $530 por dólar, como consecuencia en lo fundamental del menor ingreso de divisas por la caída en la cotización del cobre unido a una mayor demanda de la divisa estadounidense debido a que se considera su tenencia como un refugio, particularmente para la adquisición de bonos del Tesoro.  Las proyecciones requieren, considerando la coyuntura vivida, fundamentarse.  De no darse los supuestos estimados tienen impactos importantes en el ejercicio presupuestario del año próximo.  Ello en una elaboración presupuestaria que las estimaciones de ingresos quedan entregadas unilateralmente a los análisis efectuados por el Ejecutivo.
Las bajas tasas de inflación proyectadas –que pueden verse afectados por el proceso devaluatorio del peso chileno iniciado en septiembre- crean condiciones más favorables para impulsar políticas fiscales y monetarias anticíclicas, necesidad que no se planteó en la exposición de la Hacienda Pública.
Por Hugo Fazio
El Ciudadano

Vicepresidente FECh asegura que "los que rechazan el referendo son sectores minoritarios"


El dirigente destacó el sentido democrático del proceso al indicar que "incluso de los estudiantes que queríamos iniciar el segundo semestre estamos respetando la decisión de nuestros compañeros".
El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Francisco Figueroa, defendió la validez del referendo en el cual los alumnos de la casa de estudios decidieron no iniciar el segundo semestre y seguir movilizados, indicando que quienes desconocen sus resultados son "grupos minoritarios" que desean "dividir al movimiento".

"Nunca en la historia de la Federación habían votado tantos estudiantes en un proceso, lo que nos tiene muy contentos, pero hay grupos políticos que están aprovechando esto como una oportunidad para criticar y dividir al movimiento. Son sectores, afortunadamente, minoritarios", dijo Figueroa tras reunirse el jueves junto a Camila Vallejo, por espacio de una hora, con el rector Víctor Pérez.

El dirigente destacó el sentido democrático del proceso al indicar que "incluso de los estudiantes que queríamos iniciar el segundo semestre estamos respetando la decisión de nuestros compañeros", y en este sentido, lo realizado en la Facultad de Derecho, donde un grupo de profesores realizó una clase simbólica en el frontis del recinto para protestar contra la opción de no iniciar el segundo semestre, fue "simplemente un hecho mediático de un sector que no quiere respetar la decisión" mayoritaria de los alumnos.

Figueroa destacó, en todo caso, que existe "voluntad de las autoridades de la universidad, así como de grueso de los estudiantes, de disminuir al mínimo las tensiones que hay al interior de la comunidad por esta decisión".

Facultad de Derecho

En la aludida Facultad de Derecho ganó con 53 por ciento la decisión de volver a clases, resultado que destacó el alumno de cuarto año Gonzalo Rois, vocero de quienes desean el retorno a las aulas.

"La Facultad de Derecho decidió algo distinto a los demás, entonces se ha argumentado la autonomía estatutaria que le asiste a la Facultad frente a la Federación de Estudiantes" para hacer primar esta resolución interna.

"El conflicto es de carácter estatutario más o menos y hay otros argumentos que dan matices, como la autonomía y la validez de las decisiones de los estudiantes de decidir respecto de sus propias clases en su facultad", explicó.


Rector de la Universidad de Chile confirma inicio del segundo semestre académico tras reunión con los dirigentes de los universitarios que encabezó Camila Vallejo


El rector Víctor Pérez aseguró el inicio del segundo semestre, además de realizar un llamado a los estudiantes a retornar a clases lo antes posible y terminar con la ocupación de la casa central.
Tras la reunión clave del Consejo Universitario extraordinario que se extendió por más de cuatro horas entre las autoridades académicas y los dirigentes estudiantiles, el rector Víctor Pérez reafirmó el inicio del segundo semestre desde el 2 de noviembre, y que se extenderá hasta el próximo 15 de marzo.

El rector leyó una declaración pública con 10 puntos donde se asegura el inicio del segundo semestre, además de realizar un llamado a los estudiantes a retornar a clases lo antes posibles y terminar con la ocupación de la casa central.

"Respetamos a nuestros estudiantes, pero toda la universidad está detrás de los planteamientos que se han estado haciendo y está detrás de que unidos vamos a sacar adelante estas reformas que el país requiere", afirmó Pérez.

En tanto, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, frente al llamado a reevaluar el retorno a las aulas, sostuvo que durante este viernes se realizará un Consejo de Presidentes de las carreras para evaluar los resultados del referéndum y la opción de los estudiantes de no volver a clases por el momento.

"Quedó claro que hay distintas posturas, la autoridad universitaria tienen que cumplir con una tarea que es de nivel institucional. Hay presiones desde el Ministerio (de Educación) respecto a los plazos para el inicio del segundo semestre y entendeos esa postura", indicó la dirigenta.

"El resultado del referéndum donde se expresó una mayoría de estudiantes apoyando el no inicio del segundo semestre tiene que reevaluarse también", recalcó Vallejo.

La dirigenta no descartó la realización de un nuevo referéndum para reevaluar la normalización de las actividades académicas en la U. de Chile.

La reunión
A las 09:00 horas de este viernes se inició en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile esta reunión extraordinaria entre el rector Víctor Pérez, un grupo de decanos y la dirigencia de la Federación de Estudiantes, donde se analizó el momento actual de la movilización dentro de esa casa de estudios.

En la cita se abordaron aspectos como el inicio del segundo semestre, que fue oficializado este miércoles por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y que se se extenderá hasta el 15 de marzo de 2012. La medida fue rechazada por la FECh, que la semana pasada efectuó un referendo que aprobó -con un 50,24 por ciento de los votos- la no vuelta a clases.
Ayer jueves, Camila Vallejo pidió respetar los resultados de la votación pero se abrió, al mismo tiempo, a la posibilidad de reevaluar la iniciativa y abrir el semestre por vía administrativa.

Durante la jornada pasada, y al cabo de otra reunión con el rector Pérez, el vicepresidente de la FECh, Francisco Figueroa, confirmó que el referendo iba a ser reevaluado en un consejo de presidentes de las distintas carreras que se efectuará durante la tarde de hoy.

"Nosotros habíamos definido antes de la realización de este referéndum que se iba a reevaluar periódicamente, porque nosotros no votamos perder el segundo semestre; votamos postergar o no su inicio, cuestión que se reevalúa de acuerdo al escenario político que enfrentamos", dijo.










http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104160508.html

!Nuevo récord del Gobierno! Administración de Sebastián Piñera ha invertido 27 por ciento más que Bachelet en publicidad. "Fue premiado" por haber gastado más de 55 millones de dólares en sólo 18 meses


Desde marzo de 2010 a septiembre de este año, el Gobierno gastó 55 millones de dólares sólo en el ítem publicidad. Los más felices con esta gigantesca inversión publicitaria son los medios de comunicación, la televisión, la prensa de derecha, algunas radios y vía publica
En sus primeros 18 meses en La Moneda, el Gobierno de Sebastián Piñera gastó un 27 por ciento más de recursos en publicidad que su antecesor en el periodo equivalente.

Según informa este viernes el diario El Mercurio citando datos de la empresa Megatime (especializada en mediciones publicitarias) entre marzo de 2010 y septiembre de 2011 el Gobierno desembolsó 55,1 millones de dólares en campañas publicitarias en televisión, prensa, vía pública y Metro, mientras que en el periodo equivalente la administración de Michelle Bachelet desembolsó 43,4 millones de dólares, un 27 por ciento menos.

De acuerdo a la publicación, en sus campañas ambos gobiernos comparten un énfasis en salud, pero el actual Ejecutivo ha priorizado también el ámbito comunicacional de Interior, de donde se desprenden campañas contra las drogas y de seguridad ciudadana.

Nicolás Buzeta, coordinador general de marketing del Gobierno, explicó al diario que las cifras se explican porque "en un contexto con tanta saturación publicitaria, nos interesa mucho llamar la atención y ser creativos al momento de dar nuestro mensaje, porque de otro modo no estamos cumpliendo nuestro objetivo".

La estrategia comunicacional se ha desarrollado gracias a un convenio con las agencias Prolam Y & R, Lowe Porta, Dittborn y Unzueta, BBDO y McCann. "Cuando necesitamos una campaña la licitamos entre esas agencias y eso nos da la opción de elegir la que más se acomode a nuestras necesidades", explicó Buzeta.

El tema de las campañas publicitarias gubernamentales no ha estado exento de polémicas. Recordadas son las campañas del sida y del Transantiago (con Iván Zamorano).

Según comentó Cristián Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la UDP, los gobiernos tienen un impedimento legal de hacer publicidad y , por eso, se limitan a campañas de educación e información, lo que muchas veces hace que sean poco creativas. Sin embargo, advierte un cambio en el último tiempo: "Dado que hoy los "clientes" (el gobierno) provienen principalmente del sector privado, no tienen mayores "trancas" con el márketing y su lenguaje".

Polémica por ultra millonario gasto en publicidad del gobierno. Diputado asegura que “es como la teoría del cura Gatica porque predican y no practican”. 55 millones de dólares gasto la administración de Piñera en sólo 18 meses


A modo de muestra, hace algunos meses, el gobierno creó el plan "Salvemos el año escolar", y según datos de la Fundación Ciudadano Inteligente, el gasto que realizó el ministerio de Educación en este plan fue la "módica" suma de $282 millones.
Molestia ha causado en la oposición el millonario gasto hecho en estos 18 meses por el gobierno de Sebastián Piñera en temas de publicidad. Entre marzo 2010 y septiembre 2011 se ha invertido 55,1 millones de dólares en campañas televisivas, de prensa, vía pública y Metro, cifra que equivale a un 27 por ciento más (1,7 millones de dólares) que en el mismo periodo de la ex presidente Michelle Bachelet.

Según el diputado Fidel Espinoza (PS) "es como la teoría del cura Gatica, porque predican pero no practican, esto porque siempre durante los gobiernos de la Concertación nos criticaron por gastos innecesarios, pero ellos están utilizando mucha más plata".

A ello agregó que "simplemente esto lo hacen para poder levantar la alicaída imagen que tienen, incluso para lograrlo difunden publicidad por los medios que a ellos les conviene y les ayudan".

El parlamentario en diálogo con Cambio21 además criticó que "durante la campaña presidencial siempre dijeron que serían un gobierno austero, pero no están cumpliendo con ello"

Aunque el diputado reconoció que es bueno hacer este tipo de publicidad, que ayuda a la ciudadanía, pero "no hacerlo con tantos recursos", agregando que "lamentablemente ellos están pagando solamente para priorizar sus ideas y no  los intereses ciudadanos".

Por su parte, el diputado Ramón Farias (PPD) aseguró a Cambio21 que "esto constata lo que hemos venido diciendo hace tiempo, que a través de grandes anuncios quieren entregar sus ideas, en vez de gastar esos mismo recursos en temas importantes, como la educación".

"El gobierno tiene que entender que la cosa no es publicitaria, la gente está decepcionada de esta administración, y simplemente es plata botada a la calle. Nadie dice que no la hagan, pero no con gastos desproporcionados", insistió el parlamentario.

$ 282 millones en el plan "Salvemos el año escolar"

A modo de ejemplo, hace algunos meses, el gobierno creó el plan "Salvemos el año escolar", en cuyos afiches publicitarios se podía leer "Yo si quiero estudiar" y cuya finalidad era que los alumnos de liceos, que están en toma, pudieran estudiar en su hogar, a través de internet y dar su examen final que les permita no perder el año escolar.

Esta iniciativa abrió sus inscripciones el 16 de agosto y finalizó el 1 de octubre, luego de dos prolongaciones de su término debido al poco éxito que tuvo la medida.

Según datos de la Fundación Ciudadano Inteligente, el gasto que realizó el ministerio de Educación en este plan fue la "módica" suma de $282 millones, los cuales se desglosan así: $35 millones en la difusión de este plan por radio, $242.800.000 para promocionar en prensa escrita, $2,5 millones en pendones y $1,8 millones en la distribución de estos mismos.

Los medios escogidos para difundir la campaña fueron las emisoras 40 Principales, Corazón, Disney, Carolina, Agricultura y 30 radios regionales. Para realizar estas publicidades radiales se contrató a la agencia especialista McCann Ericsonn, siendo el único ente externo contratado para diseñar los spot promocionales.

Mientras tanto, los medios escritos escogidos para difundir la iniciativa fueron El Mercurio, Las Últimas Noticias, Publimetro, La Hora, La Tercera, La Cuarta y 16 medios de prensa regionales, como La Estrella de Arica, La Estrella de Chiloé, El Mercurio de Valparaíso, entre otros.

Como se podrá notar no figuran medios de cobertura nacional como radio Cooperativa o Biobío o bien, portales de noticias.

Todo este gasto, se realizó mientras el gobierno reclama que no tiene dinero para educación, pero curiosamente, si para gastar 282 millones en una campaña.

Insulza desestima posibilidad de que la OEA analice el conflicto estudiantil


"Para ser bien franco no creo que dado el tipo de conflictividad que existe en otras partes del mundo exista la forma de llevar este tipo de conflicto a la Asamblea General", dijo quien preside el organismo internacional.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, desestimó la posibilidad de que el organismo analice el conflicto estudiantil chileno.

Lo anterior se basa en el interés de los estudiantes de poner sus demandas educacionales en la agenda internacional, como fue una gira por Europa para exponer el caso chileno ante organismos mundiales.

En esa línea si bien Insulza señaló que los dirigentes estudiantiles están en su derecho de solicitar audiencias a quienes estimen convenientes, desestimó que la Organización de Estados Americanos, OEA, sea una instancia apropiada para plantear este tipo de conflictos.

"Para ser bien franco no creo que dado el tipo de conflictividad que existe en otras partes del mundo exista la forma de llevar este tipo de conflicto a la Asamblea General" dijo quien preside el organismo internacional.

Palabras que entregó luego de reunirse en La Moneda con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien le extendió una invitación para la Cumbre de Ministros de Seguridad Pública que se realizará en Trinidad y Tobago el 17 y 18 de este mes.

Gobierno destinará 1.200 millones de dólares extra a fondo de Educación


El Mandatario llamó a los secretarios de Estado a "ordenarse" para desechar la idea de nuevas ventas de activos (planteada por Larroulet) pero concentrarse en el anuncio de recursos adicionales para Educación provenientes de la venta de las sanitarias iniciada en junio pasado.
El Presidente Sebastián Piñera decidió destinar 1.200 millones de dólares extra a los 4.000 millones ya definidos en el Fondo Especial de Educación anunciado hace algunos meses en medio de la movilización estudiantil, y que será gastado dentro de los próximos cuatro años.

Citando "altas fuentes de Gobierno" (que no identifica), el diario La Tercera informa este viernes que el Mandatario anunció durante la tarde y la noche del miércoles, por separado, esta medida a los ministros Andrés Chadwick, Felipe Bulnes, Pablo Longueira y Cristián Larroulet.

En las conversaciones, el Mandatario llamó a los secretarios de Estado a "ordenarse" para desechar la idea de nuevas ventas de activos (planteada por Larroulet) pero concentrarse en el anuncio de recursos adicionales para Educación provenientes de la venta de las sanitarias iniciada en junio pasado.

Las ventas de Essbio, Esval y Aguas Andinas, más la próxima privatización de Essal (que se enajenará por 80 millones de dólares) suman un total de 1.600 millones de dólares, de los cuales 200 millones quedaron en un fondo de garantía de Corfo para las pymes y otros 200 millones se destinaron a la empresa Metro.

Los 1.200 millones restantes serán destinados al ámbito educación: "(La idea es que) esos recursos vayan en principio a infraestructura educacional, a nuevos laboratorios, a nuevas tecnologías, a nuevas bibliotecas", dijo el ministro Chadwick, citado por la publicación.

La UDI lidera ranking de parlamentarios que ocultan sociedades pese a obligación de declararlas


4 DE NOVIEMBRE DE 2011
Conflictos de interés en el Congreso

La UDI lidera ranking de parlamentarios que ocultan sociedades pese a obligación de declararlas

Saber dónde están los principales intereses económicos de los partidos políticos y sus parlamentarios, y quiénes mantienen en la oscuridad su participación en sociedades, hoy es posible gracias a una herramienta creada por la Fundación Ciudadano Inteligente. Los honorables tienen en total participación en 298 sociedades, de las cuales sólo un 66% está correctamente declarada.






iputados y Senadores quedaron al descubierto, luego de que la Fundación Ciudadano Inteligente lanzara una nueva aplicación llamada “Inspector de Intereses” (www.inspectordeintereses.cl). Tras más de un año de investigación esta permitió obtener un listado de las acciones y de la participación en sociedades que poseen nuestros parlamentarios, llegando a determinar que los diputados sólo declaran oficialmente el 61,7% de sus sociedades y los senadores el 82,5%.
Los parlamentarios están obligados por ley a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, con el fin de que a la hora de votar un proyecto de ley, no existan conflictos de interés. Esto está estipulado en el artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que establece: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos…”.
El problema es que un 33% de las sociedades a las que pertenecen los parlamentarios no es declarado y por ende, hay posibles conflictos de interés que hasta el momento eran invisibles. Las áreas donde los congresistas tienen mayores intereses económicos son ‘Intermediarios financieros’ (199), ‘Vivienda y Urbanismo’ (112), ‘Asesorías y consultorías’ (99), ‘Hacienda y economía’ (81) y ‘Agricultura’ (52).
La información recolectada por la Fundación Ciudadano Inteligente tiene como base la declaración de patrimonio e intereses de cada parlamentario, a lo que se le sumó las sociedades y acciones encontradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Diario Oficial, como también en diferentes organismos públicos.
El timonel de RN, Carlos Larraín sólo declaró un 33,3% de sus sociedades. Larraín participa en seis sociedades y sólo declara dos, teniendo intereses en ocho áreas, donde la principal es “Vivienda y Urbanismo” (30%). Con el mismo porcentaje de declaración de participación en sociedades (33%), se encuentra el diputado Matías Walker (DC) yel diputado Patricio Vallespin (DC).

LOS PARTIDOS MÁS OSCUROS

La UDI se lleva dos primeros lugares, frente a los otros partidos. Es la tienda que más sociedades tiene, 136, y al mismo tiempo la que tiene menos declaradas, transparentando sólo un 58,1% del total. El Diputado José Antonio Kast (UDI)  aporta bastante al número de su partido y encabeza la lista individual.
Tiene 43 sociedades y sólo ha declarado 11 de ellas, por ende, tiene un 26% de declaración. Kast podría presentar conflictos de interés en trece diferentes áreas, siendo la de “Comercio” (20,5%) donde más participación en sociedades posee. Lo sigue “Turismo, hoteles y restoranes” (17.8%) e “Intermediarios financieros” (12,3%). Es importante destacar que el área de ‘Turismo, hoteles y restaurantes’, es el área con menor porcentaje de declaración, llegando sólo a un 18,8%.
Un poco más atrás y también con dos segundos lugares, está la Democracia Cristiana, con un 62,5% declarado, aunque con menos de la mitad de sociedades que posee la UDI, presentando un total de 64, con 24 no declaradas. El parlamentario de este partido que posee más sociedades no declaradas es el Diputado Juan Carlos Latorre, quien participa en 14 sociedades y sólo declara 3 de ellas (21%). Sus principales intereses están en nueva áreas, siendo las predominantes “Vivienda y Urbanismo” (29,4%), “Electricidad” (26,5%) y “Otros servicios” (26,5%).
Con el mismo porcentaje que la DC, está el Partido Radical, aunque con un número bastante menor de sociedades, 16, y seis de ellas ocultas. La responsabilidad se la lleva el diputado Alberto Robles, quien es el único parlamentario de su partido que no hizo su declaración como correspondía, siendo parte de 10 sociedades y declarando sólo cuatro de ellas. Sus intereses están posados sobre ocho áreas, siendo su mayor participación en “Salud” (33,3%) y en “Intermediarios Financieros” (25%). Cabe resaltar que Robles también posee acciones en el área de salud, participando en “Isapre Más Vida” y en la “Clínica Copiapó”.
Finalmente, el partido más transparente en sus declaraciones, aunque no en un 100%, es el Socialista con un 87,5% de sociedades declaradas. Un poco antes está Renovación Nacional con un 84,9%, donde sus parlamentarios participan en 53 sociedades, lo que los convierte en el tercer partido que más sociedades tiene.
El timonel de RN, Carlos Larraín sólo declaró un 33,3% de sus sociedades. Larraín participa en seis sociedades y sólo declara dos, teniendo intereses en ocho áreas, donde la principal es “Vivienda y Urbanismo” (30%). Con el mismo porcentaje de declaración de participación en sociedades (33%), se encuentra el diputado Matías Walker (DC) y el diputado Patricio Vallespin(DC).
La Fundación Ciudadano Inteligente también permitió ver la principal área de interés por partido, siendo en la DC “Vivienda y Urbanismo”; en el PPD, RN y la UDI “Intermediarios Financieros”; en el PRSD “Salud”; en el PS “Intermediarios Financieros”, “Asesorías y Consultorías” y “Hacienda y Economía”; y en el PRI “Intermediarios Financieros” y “Hacienda y Economía”.









http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/04/noticias/pais/2011/11/04/la-udi-lidera-ranking-de-parlamentarios-que-ocultan-sociedades-pese-a-obligacion-de-declararlas/

UDI evalúa tomar acciones legales contra Fundación Ciudadano Inteligente


4 DE NOVIEMBRE DE 2011
Tras publicarse información errada sobre participación de congresistas en sociedades

Información desactualizada sobre la participación de parlamentarios en diversas sociedades fue publicada por la Fundación Ciudadano Inteligente y luego difundida por varios medios de comunicación. Esto provocó un error en torno al número de sociedades que se le adjudicaban a los congresistas y a la vez a los posibles conflictos de interés que estos pudieran tener a la hora de legislar.

“Me molesta que se haya hecho un trabajo mal, que afecta la situación política general y que nos deja en entredicho”, aseguró esta mañana el diputado UDI, José Antonio Kast, a raíz de la información que entregó la Fundación Ciudadano Inteligente yque fue publicada hoy en este medio. El diputado Kast tiene participación en 11 sociedades, no en 43 como aseguraba la Fundación, y por ende, sólo una de ellas (aunque sin movimientos) está actualmente fuera de su declaración de intereses, algo que se encuentra regularizando.
La situación de Kast se repite con otros parlamentarios y dentro de la bancada UDI existen varios afectados. La posibilidad de iniciar acciones legales contra la Fundación se está evaluando dentro de este partido, puesto que “la Fundación ha difundido información falsa”, imputándoles a los parlamentarios un delito, tal como asegura el diputado Kast. El tema ya fue planteado al interior de la colectividad y será decido el próximo lunes, junto al Presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI).
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó durante un año en su página “Inspector de intereses” y recogió información –en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Diario Oficial– sobre la participación en sociedades de todos los parlamentarios, como también de sus acciones, para detectar posibles conflictos de interés. Una vez terminada la investigación, la Fundación envió cartas y mails a los parlamentarios solicitándoles corroborar la información, donde se les planteó lo siguiente:
“Estamos en conocimiento de la posibilidad de errores en las fuentes de datos consultadas, por lo que primero compartimos con usted estos resultados. En caso que la información aquí planteada no sea correcta, usted puede enmendarla en el breve plazo enviando los antecedentes necesarios al correo electrónico inspector@ciudadanointeligente.cl antes del jueves 6 de octubre del 2011. En el caso de no recibir respuesta de su parte, asumiremos que la información que le presentamos es la correcta”.
El problema estuvo en que al menos cuatro parlamentarios, sí dieron una respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente y en algunos casos, no la acompañaron de los documentos que acreditaran lo que decían. El criterio de la Fundación, como asegura el encargado de la investigación Manuel Arís, fue que sin los papeles que dieran cuenta de la desvinculación del parlamentario a la sociedad/es, no se cambiaba la información.
Uno de los parlamentarios afectados es Juan Carlos Latorre (DC), quien envió una carta de respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente, cuando ellos solicitaron la información, en la cual explicaba que su declaración de intereses estaba completa –con 3 sociedades y no 14 como ellos planteaban. Sin embargo, el diputado asegura que esta información “no fue tomada en cuenta”, agregando que la Fundación “no tiene derecho a desprestigiar a los parlamentarios”.
Uno de los parlamentarios afectados es Juan Carlos Latorre (DC), quien envió una carta de respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente, cuando ellos solicitaron la información, en la cual explicaba que su declaración de intereses estaba completa –con 3 sociedades y no 14 como ellos planteaban. Sin embargo, el diputado asegura que esta información “no fue tomada en cuenta”, agregando que la Fundación “no tiene derecho a desprestigiar a los parlamentarios”.
En la misma situación está Patricio Vallespín (DC), quien envió los antecedentes solicitados por la Fundación en la fecha correspondiente y recibió una respuesta positiva, en la que le decían que iban a cambiar la información incorrecta. Sin embargo, Vallespín explica que no lo hicieron y que “no se dieron el trabajo de revisar los antecedentes que les envié”. El diputado valora la iniciativa de la Fundación, pero cree que un estudio como este, que “dice que hay intereses comprometidos que no son tales, amerita una investigación más rigurosa”. Vallespín tiene participación en dos sociedades, no tres, y una de ellas no está declarada. Esta última no presenta movimientos desde el 2002 y el diputado la va a cerrar.
Vallespín le advirtió a la Fundación Ciudadano Inteligente que su fuente de información era “insuficiente” y que era necesario hacer una investigación más rigurosa. Lo mismo le planteó el diputado Kast, quien envió respuesta a la Fundación, explicando que la información que poseían estaba “totalmente desactualizada”, puesto que en la mayoría de los casos su participación en las sociedades había cesado antes del año 2000. Pero no envió los documentos que acreditaran sus palabras y la información errada salió a la luz pública. La equivocación fue corregida ayer por la Fundación, luego de que el abogado del diputado Kast presentara todos los antecedentes que comprobaban que sólo participa en 11 sociedades.
Pero no toda la información que publicó la Fundación Ciudadano Inteligente está errada. En el caso del diputado Alberto Robles (PRSD) las 10 sociedades que se le atribuyen, de las cuales sólo 4 están declaradas, están vigentes. Frente a esto, el diputado Robles declaró a El Mostrador que “no me acordaba que tenía esas sociedades, hace muchos años que ya no funcionan y agradezco la iniciativa (de la Fundación), porque sino no me hubiera dado cuenta. Voy a actualizar mi declaración de intereses”. Sin embargo, discrepa con los posibles conflictos de interés a los que se lo asocia en la página, puesto que “ese cruce con proyectos de ley es poco fino, ahí se equivocan. Una cosa es tener una sociedad y otra es tener intereses en votar proyectos de ley que afectan a la salud de las personas”.
La Fundación Ciudadano Inteligente explica que a los parlamentarios se les dio la oportunidad de corregir la información que ellos poseían y en que varios casos se hizo cuando les enviaron una respuesta respaldada por documentos. Manuel Arís, encargado de la investigación, explica que “no es la intención perjudicar ni dañar la imagen de los políticos”, pero que el problema estuvo en que no entregaron la información que ellos solicitaban y por ende, “entendimos que la información estaba bien”. A la vez, agrega que a medida que los parlamentarios vayan entregando más antecedentes, ellos están totalmente dispuestos a corregir los errores que pudieran surgir.